La Asamblea de Ecuador retomó este jueves el juicio político por peculado que el expresidente conservador Guillermo Lasso intentó evitar al decretar en mayo la ‘muerte cruzada’ y convocar nuevas elecciones.
El proceso fue reiniciado este miércoles, con la intervención de los parlamentarios que no habían podido intervenir en mayo, cuando fue interrumpido por la disolución del Legislativo.
Los debates se centraron en si Lasso, de 68 años, debería ser censurado o no, teniendo en cuenta que no está en ejercicio.
Previamente el exmandatario solicitó a la Corte Constitucional dar seguimiento al dictamen sobre el juicio político para que analice si es legítima la reanudación.
La sesión prosiguió este jueves por la mañana, con la intervención de más asambleístas, la mayoría favorables al juicio y a la condena de Lasso.
“Para plantear este juicio, se cumplieron con todos y cada uno de los preceptos” de la Constitución, declaró el asambleísta Fernando Cedeño, de Revolución Ciudadana, la formación del expresidente Rafael Correa.
Otros parlamentarios se mostraron en contra de la reanudación del juicio político, argumentando que la Asamblea de entonces fue disuelta y que Ecuador tiene problemas más urgentes que resolver, como la creciente inseguridad relacionada con el narcotráfico.
Si es condenado, al no poder ser destituido, el banquero que presidió el país dos años y medio quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos, después de su breve y cuestionado mandato que terminó con las elecciones ganadas por el joven empresario Daniel Noboa (quien gobernará durante solo un año y medio).
El proceso, que indaga la existencia de irregularidades en la concesión de cargos y contratos con empresas, fue impulsado por el correísmo y el conservador Partido Social Cristiano (PSC).
En concreto, se le acusa de “peculado” o malversación de fondos públicos por inhibirse pese a tener conocimiento de supuestas irregularidades en unos contratos firmados por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker.
Para su inhabilitación, se requieren 92 votos favorables, dos terceras partes de los asambleístas. RC (52) y PSC (18), los impulsores del juicio, suman 70 diputados, y según la prensa es bastante probable que la iniciativa prospere.
El debate dará paso a la votación, que, como estaba previsto en mayo, debería ser cinco días después, una vez presentada la moción de censura. Algunos legisladores dijeron, sin embargo que, en esta ocasión, la votación podría darse antes.
RT ACTUALIDAD