Santo Domingo. Residentes de la urbanización Puerta de Hierro denunciaron públicamente una serie de situaciones que, según afirman, han generado un ambiente de tensión, falta de transparencia y conflictos dentro de la comunidad, incluyendo una reciente agresión física contra varios propietarios, entre ellos una persona con discapacidad motora y sobreviviente de cáncer.
De acuerdo con los comunitarios, el incidente ocurrió durante una manifestación pacífica en la que un grupo de residentes reclamaba el cumplimiento de las normativas que regulan las juntas de vecinos, la implementación del voto universal para todos los residentes mayores de edad y la conformación de una nueva comisión electoral de cara a las próximas elecciones de la directiva comunitaria.
Los denunciantes señalan como presuntos responsables de la agresión a la actual presidenta de la Junta de Vecinos, Eunice Cornielle, así como a su esposo, Rogelio Prestol, y a su hijo, Isaac Prestol. Aseguran contar con testimonios y material audiovisual que documentan los hechos.
Según explicaron, el período de gestión de la actual directiva está próximo a concluir. Sin embargo, sostienen que se han realizado modificaciones a los estatutos internos de la urbanización que favorecerían la permanencia de la actual administración más allá de los plazos establecidos, lo que consideran una violación al principio de alternabilidad contemplado en las normativas generales de juntas de vecinos.
Los residentes también denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de los recursos económicos de la comunidad. Indicaron que, tras revisar informes financieros correspondientes a los meses recientes, identificaron gastos legales que, según afirman, han sido utilizados para financiar acciones judiciales contra propietarios que han solicitado explicaciones y rendición de cuentas sobre la gestión administrativa.
Asimismo, expresaron preocupación por declaraciones atribuidas a la presidenta de la junta, en las que supuestamente hace referencia a influencias y vínculos con funcionarios municipales, situación que los comunitarios consideran incompatible con la transparencia y el debido proceso que debe regir la vida institucional de la urbanización.
Ante este panorama, los residentes solicitaron la intervención de las autoridades competentes. En particular, pidieron a la Fiscalía del Distrito Nacional investigar los hechos denunciados y determinar las responsabilidades correspondientes en torno a la agresión física reportada.
De igual manera, hicieron un llamado al Ayuntamiento del Distrito Nacional para que supervise el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la conformación de la Comisión Electoral y garantice la celebración de un proceso democrático, transparente y ajustado a las normas vigentes.
Los comunitarios reiteraron que continuarán defendiendo sus derechos como propietarios y residentes, al tiempo que exhortaron a las autoridades a velar por la institucionalidad y la correcta administración de la Urbanización Puerta de Hierro.
