Santo Domingo. La Comisión de Niñez y Familia de la Cámara de Diputados manifestó su profunda preocupación ante las informaciones surgidas en torno al caso de los niños, niñas y adolescentes encontrados en el establecimiento denominado Fundación Restaurando Vidas, y consideró necesario que las autoridades ofrezcan respuestas claras sobre las actuaciones realizadas antes y después de una intervención efectuada en septiembre de 2025.
La diputada Soraya Suárez, quien precide la comisión señaló que, de acuerdo con las informaciones conocidas, el establecimiento no contaba con la habilitación requerida para ofrecer servicios de cuidado o atención residencial a menores de edad y que ya había sido intervenido por las autoridades en septiembre de 2025, tras detectarse irregularidades.
A juicio de los legisladores, este antecedente obliga a ampliar el alcance de las investigaciones, no solo para esclarecer las denuncias de presuntos maltratos, sino también para determinar qué ocurrió después de aquella primera intervención y cómo un establecimiento que carecía de la habilitación correspondiente pudo continuar o volver a operar con niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado.
“La protección de nuestros niños no puede terminar con una inspección, una advertencia o una intervención. Las decisiones de las autoridades tienen que tener seguimiento y, sobre todo, tienen que cumplirse”, sostuvo la Comisión.
En ese sentido, la Comisión de Niñez y Familia consideró necesario que las instituciones correspondientes, especialmente el Ministerio Público, rindan las informaciones que permitan establecer cuál fue el seguimiento realizado luego de la intervención efectuada por el CONANI en septiembre de 2025, qué medidas fueron adoptadas, cuáles autoridades fueron notificadas sobre las irregularidades detectadas y qué ocurrió posteriormente.
La comisión aclaró que estas interrogantes no buscan prejuzgar responsabilidades, sino revisar los mecanismos institucionales de protección cuando existen señales de que alguno de sus componentes pudo haber fallado.
Asimismo, respaldó que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación exhaustiva y apegada al debido proceso para establecer las responsabilidades individuales que correspondan. En caso de que las evidencias determinen que hubo personas responsables de maltratar, permitir o participar en vulneraciones contra los menores, estas deberán responder conforme a las leyes de la República Dominicana.
La Comisión de Niñez y Familia sostuvo que la responsabilidad del Estado no debe limitarse a determinar culpables, sino que también debe garantizar la recuperación y protección integral de los niños afectados.
En ese sentido, valoró que los menores que se encuentran bajo protección estén siendo sometidos a evaluaciones médicas y psicológicas, pero planteó que dichas evaluaciones deben permitir identificar de manera integral posibles daños físicos, psicológicos y emocionales.
También consideró indispensable que cada niño cuente con un plan individualizado de tratamiento, protección, acompañamiento y seguimiento durante todo el tiempo que resulte necesario.
“No podemos rescatarlos hoy y olvidarlos mañana”, enfatizó la comisión.
La Comisión de Niñez y Familia consideró, además, que este caso debe servir para impulsar una revisión del sistema de habilitación, supervisión y seguimiento de las instituciones que albergan o prestan servicios a niños, niñas y adolescentes en el país.
Planteó la necesidad de determinar cuáles instituciones están debidamente habilitadas, cuáles operan fuera de la normativa, cuándo fueron inspeccionadas por última vez y qué mecanismos existen para garantizar que una institución intervenida o impedida de prestar determinados servicios no continúe desarrollando esas actividades.
“Este caso debe marcar un antes y un después. No basta con detectar. No basta con intervenir. No basta con advertir. Hay que dar seguimiento. Hay que hacer cumplir las decisiones”, expresó la Comisión.
Finalmente, la Comisión de Niñez y Familia informó que permanecerá atenta al desarrollo de las investigaciones, solicitará las informaciones correspondientes y acompañará, dentro de sus atribuciones, las acciones necesarias para contribuir al fortalecimiento del sistema nacional de protección de la niñez.
La comisión reiteró que su prioridad son los niños y niñas, al tiempo que reclamó que se esclarezca lo ocurrido, se determine qué pudo haber fallado, se establezcan las responsabilidades que correspondan conforme a la ley y se garantice a cada menor la atención y el acompañamiento necesarios para su recuperación.
“La niñez dominicana necesita un Estado que no solamente intervenga cuando ocurre una tragedia, sino un Estado que prevenga, supervise, dé seguimiento y actúe a tiempo”, concluyó la Comisión de Niñez y Familia de la Cámara de Diputados.
