Vanessa Bryant, la viuda de Kobe Bryant, estrella de Los Ángeles Lakers, aceptó llegar a un acuerdo por 28,85 millones de dólares sobre las posibles demandas judiciales de su familia contra el condado de Los Ángeles por la difusión ilícita de fotos del accidente de helicóptero en el que murieron su marido, su hija y otras siete personas.
El acuerdo, revelado el martes en una presentación judicial, incluye 15 millones de dólares concedidos a Bryant tras un juicio civil celebrado en agosto e impide a sus hijas supervivientes presentar demandas similares.
El acuerdo aparentemente pone fin a la extraña, desgarradora y -para múltiples agencias del condado- profundamente embarazosa saga que comenzó a raíz del accidente de helicóptero de enero de 2020, cuando se supo que los bomberos y los ayudantes del sheriff estaban compartiendo fotos del accidente de cuerpos mutilados.
Un jurado de Los Ángeles rechazó previamente la explicación de los abogados y funcionarios del condado -incluido el sheriff Alex Villanueva, dimitido desde entonces- de que los ayudantes del sheriff y los bomberos estaban mostrando las fotos a otras personas, incluso en un bar y en una gala, por razones oficiales.
El abogado de Bryant, Luis Li, dijo que el acuerdo “marca la culminación exitosa de la valiente batalla de la Sra. Bryant para responsabilizar a los que participaron en esta conducta grotesca”.
“Ella luchó por su marido, su hija y todos aquellos en la comunidad cuya familia fallecida fue tratada con una falta de respeto similar”, afirmó Li en un comunicado. “Esperamos que su victoria en el juicio y este acuerdo pongan fin a esta práctica”.
La debacle ha salido cara a los contribuyentes del condado más poblado de Estados Unidos. El condado de Los Ángeles también acordó previamente pagar a la familia de Chris Chester, cuya esposa e hija murieron en el accidente, 20 millones de dólares para poner fin a sus reclamaciones.
En una declaración el martes, Mira Hashmall, la abogada externa que ha dirigido los esfuerzos legales del condado en la disputa, calificó el acuerdo, que fue aprobado por la junta de supervisores del condado, de “justo y razonable”.