Santo Domingo. Jonathan López, residente en el sector de Los Minas, municipio Santo Domingo Este, lleva seis años en los tribunales buscando justicia por su esposa fallecida. En declaraciones a este medio, denunció presuntas irregularidades y mala práctica médica en torno a la muerte de su compañera de vida, Ruth Esther María Luna Peguero de 24 años de edad, quien falleció el 15 de abril del año 2020 luego de ser sometida a una cesárea en la Clínica Oriental de Ginecología y Obstetricia, durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19.
Según López, la intervención quirúrgica estaba previamente programada y no correspondía a una emergencia médica. “Fue una cesárea ya pautada para ese día por su doctor de cabecera, Clovi Ramírez”, expresó.
El denunciante explicó que su esposa ingresó al centro médico acompañada de su madre y su hermano a las 7:00 de la mañana, pero que el médico tratante no llegó a la hora prevista. “A las 11 y algo proceden a meterle a ella al quirófano. El niño sale, pero ella no sale”, afirmó.
Sostuvo que, tras la cirugía, Luna Peguero presentó complicaciones severas y comenzó a vomitar sangre. También indicó que el personal médico atribuyó posteriormente su estado a un supuesto contagio de COVID-19, pese a que, según explicó, varias pruebas dieron negativo.
La clínica Oriental de Ginecología y Obstetricia atribuyó las complicaciones de la mujer a un supuesto contagio de covid-19, pero todas las pruebas realizadas tanto rápidas como PCR dieron negativo, por lo que esta enfermedad fue descartada.
“Ellos todavía siguen atendiéndola por COVID, a pesar de las tres pruebas negativas”, declaró.
Aseguró que las complicaciones de salud surgieron por un bloqueo alto de anestesia, como lo demuestran documentos del Ministerio de Salud Pública y la autopsia realizada a la victima.
Explicó además una series de irregulariades con la que operaba el centro médico debido a que según López documentos emitidos por Salud Pública y un peritaje judicial establecen que la clínica operaba con el permiso de habilitación vencido al momento de la muerte de su esposa.
“El centro, para la fecha que mi esposa murió, tenía el permiso de habilitación vencido”, denunció López, quien además afirmó que la clínica tampoco contaba con seguro vigente para ese período.
Denunció que la muerte de sus esposa se produjo el el 15 de abirl y la clínica Oriental de Ginecología y Obstetricia documentó que la mujer fue medicada el 16 de abril, o sea, un día después de haber sido declarada muerta.
Durante su relato, señaló que uno de los elementos claves del caso es el alegado “bloqueo alto de anestesia”, situación que, según dijo, fue admitida por el anestesiólogo Salomón Ramirez durante una audiencia judicial celebrada en febrero de 2023.
“Él mismo dijo que hubo bloqueo alto de anestesia y que procedió a entubarla”, aseguró.
López manifestó que actualmente el proceso se encuentra en etapa de apelación y que espera que los tribunales revisen nuevamente las evidencias presentadas. “No estamos diciendo que fue una mala práctica de boca; están los documentos avalados por Salud Pública, un peritaje y una autopsia”, expresó.
El denunciante afirmó que continuará buscando justicia por la muerte de su esposa, quien dejó un hijo en común. “Mi esposa tenía que tener seis años más con nosotros y estamos aquí luchando por justicia”, concluyó.
La pareja procreó dos niños, el mayor tiene 12 años y el menor seis años.
