Una violación grupal desató un intenso debate social y político en Uruguay luego de que los tres hombres que abusaron de una mujer de 30 años quedaran libres a la espera de los resultados de ADN.
“La respuesta inmediata que la víctima debe tener, no la tenemos”, reconoció la fiscal Sylvia Lovesio al advertir que los delitos sexuales no son prioridad en las políticas públicas, por lo que las mujeres en este país no están seguras.
El caso tuvo tal repercusión que incluso fue condenado por el presidente Luis Alberto Lacalle. Además, militantes del oficialista Partido Blanco lo usaron como parte de la campaña del “no” rumbo al referéndum que se realizará el 27 de marzo para ratificar o derogar la Ley Urgente de Consideración, el principal proyecto de Gobierno que, entre otros aspectos, establece cambios al Código Penal.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando la víctima conoció a un joven en una discoteca de Cordón, un céntrico barrio de Montevideo. Después aceptó ir a su casa, pero una vez ahí, llegaron otros dos hombres y la violaron entre todos.
La mujer fue encontrada en estado de shock por los policías que llegaron al lugar y que luego la llevaron a un centro de salud, en donde un grupo de médicos confirmó la violación, lo que permitió que los tres varones, uno de ellos menor de edad, fueran detenidos.
Sin embargo, como los agresores se negaron a someterse a pruebas de ADN, la fiscal Lovesio emitió una orden para obligarlos. El problema es que, mientras ello ocurre, la ley permite que queden en libertad con la única exigencia de estar disponibles en sus domicilios, ya que por ahora no se puede realizar una acusación formal porque, aunque las pericias médicas ya demostraron la agresión, no son consideradas como una “evidencia contundente”.
RT Actualidad