El país
Publicado el noviembre 18, 2026 | 7:06 pm

Zoraima Cuello desmonta argumento del presidente Abinader sobre falta de controles en SeNaSa

Santo Domingo. Zoraima Cuello contradijo las declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, sobre la supuesta falta de mecanismos de control en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al señalar que la institución sí contaba con organismos y disposiciones legales encargados de supervisar su funcionamiento y fiscalizar sus operaciones.

Cuello cuestionó que se atribuya el presunto fraude millonario a una debilidad en los mecanismos de control, recordando que desde hace años existen leyes e instituciones con responsabilidades específicas de vigilancia y supervisión. En ese sentido, consideró necesario que el Gobierno explique qué ocurrió con esos mecanismos y quiénes tenían la responsabilidad de garantizar su cumplimiento durante el período en que se habrían producido las irregularidades investigadas.

La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) le recordó al presidente que la Ley 87-01, promulgada en el año 2001, contempla la creación de un Consejo Nacional de SeNaSa, presidido por el ministro de Salud Pública, organismo que quedó constituido en 2002.

Asimismo, se señaló que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) cuenta con facultades para fiscalizar las cuentas y supervisar el funcionamiento de SeNaSa. También se hizo referencia a la Ley 10-07, que establece que el control interno de cada institución es responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad, por lo que se considera necesario esclarecer quiénes tenían a su cargo esas funciones y cómo las desempeñaron.

El cuestionamiento también hace referencia a las investigaciones del Ministerio Público, que señala la presunta operación de un esquema de corrupción durante el año 2021, con un monto cercano a los 16 mil millones de pesos. A esto se suma un informe reciente de Participación Ciudadana, en el que, según lo expuesto, SeNaSa era considerada un modelo de gestión hasta el año 2020. Ante estos señalamientos, surgen interrogantes sobre qué cambió en la administración de la institución, quiénes autorizaron los pagos investigados y qué mecanismos de supervisión se aplicaron.

Finalmente, se planteó que las autoridades actuales deben ofrecer explicaciones sobre los hechos ocurridos durante su gestión, en lugar de trasladar el debate exclusivamente a administraciones anteriores. La discusión gira en torno a la necesidad de determinar quién autorizó las operaciones cuestionadas, quién debía fiscalizarlas y si hubo omisiones en el cumplimiento de las responsabilidades institucionales. Mientras avanzan las investigaciones, la ciudadanía espera respuestas claras sobre uno de los casos que mantiene la atención pública por su impacto en el sistema de salud dominicano.