Santo Domingo. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), encabezado por su presidente, el jurista Trajano Potentini, manifestó ante una representación de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República su preocupación por diversas disposiciones de la Ley núm. 2-23, sobre Recurso de Casación, al considerar que determinados mecanismos procesales y sancionadores podrían convertirse en obstáculos para el acceso efectivo a la justicia, el ejercicio del derecho de defensa y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Durante un encuentro celebrado en el Salón Polivalente del Senado de la República, una comisión del gremio profesional, encabezada por Potentini y el jurista Ángel Ledesma, expuso sus consideraciones y propuestas sobre varias iniciativas legislativas vinculadas al funcionamiento del sistema judicial dominicano, la regulación del ejercicio profesional de la abogacía y el fortalecimiento institucional de la administración de justicia.
La representación del CARD sostuvo un intercambio con el senador de la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, conocido como «Cholitín», y los legisladores Omar Fernández, Franklin Romero, Alexis Victoria Yeb y Pedro Catrain, con quienes abordó aspectos fundamentales de las reformas judiciales que se encuentran en discusión.
En su intervención, el presidente del CARD fijó la posición institucional del gremio frente a determinadas disposiciones legales que, según explicó, ameritan una revisión profunda para garantizar que las reformas procesales no terminen restringiendo los derechos que el propio ordenamiento jurídico está llamado a proteger.
CARD cuestiona el interés casacional como posible obstáculo al acceso a la justicia
Uno de los principales puntos abordados por Potentini fue el denominado interés casacional, introducido por la Ley núm. 2-23 como criterio de admisibilidad de determinados recursos ante la Suprema Corte de Justicia. El presidente del Colegio de Abogados expresó su preocupación por el alcance de esta figura jurídica, particularmente cuando su aplicación puede restringir la posibilidad de que determinados conflictos sean examinados por la Corte de Casación.
A juicio del dirigente gremial, si bien el sistema judicial requiere mecanismos que contribuyan a su eficiencia y permitan racionalizar el conocimiento de los procesos, tales instrumentos deben observar rigurosamente los principios constitucionales de tutela judicial efectiva, razonabilidad, igualdad procesal y acceso a la justicia. En ese sentido, advirtió que el interés casacional no debe convertirse en una barrera procesal desproporcionada que prive a los ciudadanos de obtener una respuesta judicial frente a posibles vulneraciones del ordenamiento jurídico.
Uno de los aspectos que mayor preocupación generó en la representación del Colegio de Abogados fue la incidencia que determinadas restricciones del recurso de casación pueden tener en la jurisdicción laboral. Potentini sostuvo que la justicia del trabajo posee características particulares que demandan una protección reforzada de los derechos de los trabajadores, debido a la naturaleza social de esta rama del derecho y a la desigualdad económica que frecuentemente existe entre las partes de una relación laboral. Desde esa perspectiva, el dirigente gremial cuestionó que los mecanismos de acceso a la casación puedan convertirse en obstáculos para la revisión judicial de controversias relacionadas con derechos y prestaciones laborales.
Para el gremio, cualquier disposición que dificulte de manera injustificada la posibilidad de cuestionar una decisión judicial en materia laboral merece especial atención del legislador, particularmente cuando sus consecuencias puedan recaer sobre personas que dependen de sus derechos económicos y laborales para garantizar su subsistencia y la de sus familias.
Rechaza sanciones económicas desproporcionadas contra los abogados
Otro de los puntos centrales de la intervención de Potentini estuvo relacionado con el artículo 56 de la Ley núm. 2-23, que regula la denominada lealtad procesal y contempla consecuencias económicas cuando un recurso de casación es considerado abusivo, temerario o de mala fe, bajo los presupuestos establecidos por la legislación. La disposición contempla multas civiles y posibles indemnizaciones económicas que, en este último caso, pueden alcanzar el equivalente a cincuenta salarios mínimos del sector privado, conforme a las condiciones establecidas en la propia norma.
El presidente del Colegio de Abogados manifestó su firme preocupación por la posibilidad de que estas sanciones sean aplicadas de manera que generen un efecto intimidatorio sobre los profesionales del derecho, particularmente cuando estos ejercen legítimamente la representación judicial de sus clientes. Potentini consideró que el ejercicio profesional de la abogacía no puede desarrollarse bajo un ambiente de temor a consecuencias económicas desproporcionadas por el solo hecho de promover recursos y defender interpretaciones jurídicas en favor de las personas representadas.
El dirigente gremial sostuvo que los abogados no pueden ser colocados en una situación de vulnerabilidad económica o profesional por ejercer, dentro del marco de la ley, la defensa de los derechos e intereses de sus clientes. Asimismo, señaló que el principio de lealtad procesal constituye una exigencia legítima dentro de la administración de justicia, pero su aplicación debe estar acompañada de criterios objetivos, proporcionales y respetuosos de las garantías constitucionales.
CARD plantea revisión de su Código de Ética y régimen disciplinario
En otro orden, la delegación del CARD presentó sus consideraciones sobre la necesaria adecuación del Código de Ética Profesional y el régimen disciplinario aplicable a los abogados de la República Dominicana. La discusión se desarrolló en el contexto de la reforma normativa que debe realizarse en atención a las disposiciones de una sentencia del Tribunal Constitucional, que incide en el marco jurídico regulador del ejercicio profesional y de la potestad disciplinaria del gremio.
Potentini destacó la trascendencia institucional de esta reforma, al considerar que el sistema disciplinario de la abogacía debe responder a los principios constitucionales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora, especialmente la legalidad, la tipicidad, la proporcionalidad, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso. En ese sentido, el presidente del CARD resaltó la necesidad de que el Congreso Nacional tome en consideración las particularidades de la profesión jurídica y la importancia de contar con un marco normativo que fortalezca la ética, la transparencia y la responsabilidad profesional.
La posición del Colegio de Abogados apunta a preservar la capacidad institucional del gremio para conocer las infracciones disciplinarias de sus miembros, dentro de un sistema de garantías que permita proteger tanto la dignidad de la profesión como los derechos de los abogados sometidos a procedimientos sancionadores.
Para Potentini, la modernización del régimen disciplinario representa una oportunidad para consolidar un modelo de autorregulación profesional fundamentado en la independencia, el respeto a los derechos fundamentales y la confianza pública en el ejercicio de la abogacía.
CARD respalda creación de una cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia
Otro de los asuntos tratados durante la reunión fue la propuesta de creación de una cuarta sala en la Suprema Corte de Justicia, especializada en el conocimiento de los asuntos correspondientes a la materia administrativa. Sobre este particular, el Colegio de Abogados expresó su respaldo a la iniciativa, al entender que la especialización jurisdiccional constituye una herramienta importante para mejorar la calidad de las decisiones judiciales y fortalecer el control de legalidad sobre la actuación de la Administración pública.
Potentini consideró favorable que el máximo órgano del Poder Judicial cuente con una estructura especializada que permita atender con mayor profundidad y eficiencia las controversias surgidas entre los particulares y los órganos de la administración estatal, dentro del marco competencial que determine el legislador.
El CARD entiende que una sala especializada en materia administrativa podría contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica, la uniformidad jurisprudencial y la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos frente a las actuaciones de las instituciones públicas. La propuesta también fue valorada desde la perspectiva de la creciente complejidad del derecho administrativo dominicano y de la necesidad de profundizar la especialización de los órganos judiciales encargados de interpretar y aplicar sus disposiciones.
El encuentro entre los representantes del Colegio de Abogados y los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos constituyó un espacio de intercambio institucional sobre iniciativas legislativas con incidencia directa en la administración de justicia y en el ejercicio profesional del derecho.
La participación de los senadores Rafael Barón Duluc Rijo, Omar Fernández, Franklin Romero, Alexis Victoria Yeb y Pedro Catrain permitió que la delegación gremial expusiera sus preocupaciones sobre distintos aspectos del marco jurídico nacional.
Durante la reunión, el CARD presentó sus consideraciones sobre la necesidad de armonizar las reformas legislativas con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República, destacando la importancia de que las transformaciones judiciales respondan a criterios de constitucionalidad, razonabilidad, eficacia y justicia material.
