Santo Domingo.- El Defensor del Pueblo advirtió que en el país no existe actualmente un protocolo formal y único que establezca cómo deben actuar las instituciones del Estado ante la desaparición de una persona.
Una situación que, a su juicio, puede retrasar la respuesta de las autoridades y aumentar la angustia de las familias.
La advertencia fue hecha durante la presentación de un diagnóstico integral sobre las desapariciones no voluntarias en el país, en el que se plantea la necesidad de fortalecer la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.
De acuerdo con el planteamiento expuesto por el Defensor del Pueblo, existe una práctica de referencia sobre la activación de la búsqueda dentro de las primeras 48 horas, pero no un documento formal que establezca de manera uniforme el procedimiento que deben seguir las instituciones.
“Una de las llamadas de atención es que exista un protocolo único, no solamente refiriéndolo a las 48 horas, que no existe un documento formal que lo plantee”, explicó durante una entrevista en el programa “Esto No Tiene Nombre”.
El diagnóstico también señala que las familias pueden enfrentar dificultades al momento de acudir a las autoridades, debido a que en algunos casos son remitidas de un destacamento policial a otras dependencias, lo que puede generar pérdida de tiempo en momentos en que la respuesta resulta determinante.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo planteó la necesidad de que exista una ruta clara para que una denuncia por desaparición sea recibida y activada sin importar a cuál dependencia acuda inicialmente el familiar.
Alerta RD
El organismo también destacó el potencial de la Ley de Alerta RD para mejorar la respuesta institucional frente a estos casos.
Según explicó, varias instituciones trabajan actualmente en un proceso de interoperabilidad que permitiría una actuación coordinada entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, Interior y Policía y el 911.
La expectativa es que, con la entrada en funcionamiento formal del nuevo marco legal, las instituciones puedan compartir información y responder de manera más rápida ante una denuncia de desaparición.
El Defensor del Pueblo insistió en que la respuesta debe ser especialmente rápida cuando se trate de niños y adultos mayores, debido a las condiciones de vulnerabilidad que pueden presentar.
“Mientras más joven sea la persona desaparecida, o sea infante, y mientras más adulto mayor sea, más rápido debe ser la activación de la búsqueda”, sostuvo.
El diagnóstico también llama la atención sobre la necesidad de que el procedimiento no termine cuando la persona es localizada. Según el organismo, la familia debe informar a las autoridades cuando el desaparecido aparece, de manera que la búsqueda pueda ser cerrada oficialmente y el caso deje de figurar como activo.
Llamado a la empatía
El Defensor del Pueblo también hizo un llamado a los agentes policiales, fiscales y demás funcionarios que reciben este tipo de denuncias a actuar con sensibilidad y empatía ante el drama que enfrentan las familias.
Consideró que acudir a un destacamento o a una fiscalía para informar que un familiar ha desaparecido representa un momento de profunda angustia y que las instituciones deben evitar la revictimización.
“Esto desgarra al ser humano, pero más que todo impacta al núcleo central que es la familia”, afirmó.
El organismo sostiene que la creación de un protocolo único, junto con la implementación efectiva de Alerta RD y una mayor coordinación entre las instituciones, permitiría reducir los retrasos y ofrecer una respuesta estatal más oportuna ante las desapariciones.
