Temiendo las imágenes que recorrieron el mundo el 11 de julio, cuando miles de cubanos salieron a las calles inesperadamente para pedir un cambio de sistema en la isla comunista, el gobierno de Cuba ha llevado a cabo una ola de arrestos e intimidación para frustrar los planes del grupo opositor Archipiélago, que ha convocado una marcha pacífica el lunes para protestar contra la violencia del estado y abogar por la liberación de los presos políticos.
El domingo, agentes de la seguridad del estado rodearon la vivienda de Yunior García, el actor y dramaturgo que ha servido de voz al grupo Archipiélago, formado por jóvenes intelectuales, artistas y activistas. García intentaba salir, solo, para caminar por la ciudad con una rosa blanca el domingo, un día antes de la llamada “marcha por el cambio”.
El plan parece haber atemorizado tanto a las autoridades que agentes de la seguridad y partidarios del gobierno trasladados en autobuses hasta el empobrecido barrio de La Coronela, en la periferia de la ciudad de La Habana, no solo impidieron que García saliera de su apartamento sino que además bloquearon la ventana por donde el joven mostró la rosa a una prensa que no pudo acercarse a su edificio. Videos publicados por activistas y promotores de la marcha muestran un amplio despliegue de policías y unidades especiales conocidas como “boinas negras” a lo largo del país. También han reportado detenciones y arrestos domiciliarios de disidentes de larga trayectoria como Guillermo Fariñas, miembros de Archipiélago y promotores de la marcha.
El amplio operativo de seguridad así como el tiempo y espacio dedicado a criticar la marcha y sus organizadores en los medios estatales, otorgándoles incidentalmente gran notoriedad interna a sus principales figuras, ha sugerido a la población que pese a la retórica triunfalista y las acusaciones sobre un supuesto plan de intervención de Estados Unidos, el gobierno de Miguel Díaz-Canel considera la marcha como un desafío significativo a su legitimidad.
